El Reglamento (UE) 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo, aplicable a partir del 17 de agosto de 2015, ha supuesto un cambio muy importante en las sucesiones internacionales al consagrar el principio de unidad de sucesión y la professio iuris a favor de la ley de la nacionalidad del causante, y al crear el certificado sucesorio europeo.

En una época en la que se ha incrementado la movilidad de los ciudadanos europeos y se han convertido en algo habitual las adquisiciones de bienes inmobiliarios en un país distinto al de la residencia habitual de su propietario, las sucesiones transnacionales se han convertido en un fenómeno frecuente poniendo de manifiesto la necesidad de una regulación eficiente y armonizada del mismo.

El referido Reglamento resulta aplicable a las sucesiones con carácter transnacional, es decir, aquellas en las que existen bienes, derechos u obligaciones en diferentes países, independientemente de la nacionalidad del causante, siempre que se produzcan en los países de la Unión Europea a los que les es aplicable el Reglamento (es decir, en todo el territorio de la Unión excepto Dinamarca, Reino Unido e Irlanda) o a ciudadanos nacionales de estos estados, quedando expresamente excluidas las cuestiones fiscales, aduaneras y administrativas que estarán sujetas a la normativa propia de cada estado miembro.

El Reglamento tiene un alcance universal o efectos erga omnes, pues resultará aplicable incluso cuando la ley declarada aplicable conforme a sus normas sea la ley de un estado no miembro.

¿Cuáles son las principales novedades introducidas por el Reglamento en el ámbito del derecho de sucesiones?

 

I – Consagración del principio de unidad de la sucesión

El Reglamento consagra el principio general de unidad de la sucesión, lo cual supone que una única ley regirá el conjunto de la sucesión, con independencia de la naturaleza de los bienes y del lugar donde se encuentren.

Este principio está temperado por algunas excepciones.

II – Elección de la ley aplicable a la sucesión

Una de las principales novedades del Reglamento es la posibilidad que ofrece al causante, en una disposición mortis causa (testamento o pacto sucesorio, principalmente), de elegir la ley de la nacionalidad que ostente bien en el momento del otorgamiento de la disposición mortis causa, bien en el momento de su fallecimiento, como ley aplicable a su sucesión.

Es lo que se denomina la professio iuris.

A falta de elección, operará la regla general conforme a la cual la ley aplicable es la ley del país en el que el causante tiene fijada la residencia habitual en el momento del fallecimiento, salvo que, de forma excepcional, resultase claramente de las circunstancias del caso concreto, que el causante mantenía unos vínculos manifiestamente más estrechos con otro país distinto al de su residencia habitual en el momento de su fallecimiento, en cuyo caso se aplicará a la sucesión la ley de este país.

Para poder ejercitar la opción que se le ofrece y planificar de este modo su sucesión reduciendo las incertidumbres en torno al buen fin de sus disposiciones, el causante deberá asesorarse sobre las consecuencias jurídicas de la aplicación de una u otra ley (ley de su nacionalidad o ley de su última residencia habitual).

La elección deberá realizarse en un acto con forma de disposición por causa de muerte y podrá tratarse de una elección expresa o incluso de una elección tácita, esto es, derivarse claramente de los términos de la disposición.

Desde la ley francesa n° 2011-331, de 28 de marzo de 2011, y la creación del acto refrendado por un abogado, un abogado puede refrendar un documento privado que contenga disposiciones testamentarias, garantizando la fecha del documento y asegurando su validez y plena eficacia.

III – Otras novedades

 

Certificado sucesorio europeo

El certificado sucesorio europeo surge con objeto de permitir la tramitación rápida, ágil y eficiente de las sucesiones con repercusión transfronteriza en la Unión.

El mismo está destinado a los herederos, legatarios, ejecutores testamentarios o administradores de la herencia para que puedan probar fácilmente su cualidad como tales o sus derechos o facultades en otro Estado miembro y podrá ser expedido por un estado a solicitud de los herederos, legatarios, albaceas y demás intervinientes en la sucesión.

Tendrá valor probatorio de forma automática en los Estados miembros donde existan bienes objeto de la herencia.

En España y en Francia, las autoridades competentes para expedir el certificado son los notarios.

Cabe destacar que este certificado no sustituye a los diferentes sistemas documentales actualmente existentes a tal efecto en los diferentes Estados, como la copia del testamento o del acta notarial de declaración de herederos, acompañada de las certificaciones de defunción y del Registro de últimas voluntades en España, o como el acte de notorieté en Francia.

Los notarios en Francia han creado un registro de certificados sucesorios europeos que ya se puede consultar desde otros países.

Competencia jurisdiccional

Con carácter general, los tribunales competentes para conocer de la totalidad de la sucesión serán los del Estado miembro en el que el causante tuviera su residencia habitual en el momento del fallecimiento, a no ser que el causante haya elegido que le sea aplicable la ley de su nacionalidad, en cuyo caso, en principio, serían los tribunales de este estado miembro los competentes.

Reconocimiento y ejecución de las resoluciones – aceptación y ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa

El Reglamento establece como norma general que todas las resoluciones dictadas por un Estado miembro serán reconocidas en otro Estado miembro con la misma fuerza ejecutiva, sin necesidad de acudir a procedimiento alguno, salvo en los supuestos indicados en el artículo 40 del Reglamento, entre los que cabe destacar, por ser el de mayor probabilidad de aplicación, el supuesto en el que el reconocimiento fuera manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro requerido.

Los documentos públicos expedidos en un Estado miembro tendrán la misma fuerza ejecutiva y el mismo valor probatorio que en el Estado de origen.


 

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